1 Trabajar con el liderazgo local de diferentes comunidades, para contribuir conjuntamente con iniciativas que buscan fortalecer y reconstruir el tejido social y comunitario.
2 Generar alianzas con otras organizaciones privadas, públicas y religiosas involucradas en diferentes esfuerzos de reconstrucción social en el periodo de post-acuerdo de paz.
3 Invitar a los grupos que se identifican o respaldan nuestro trabajo, a comprometerse con las comunidades que acompañamos, con el objetivo de crear espacio para la reflexión crítica, el apoyo mutuo y la transformación social.
Wájaro es una Organización No Gubernamental – ONG constituida legalmente en Colombia cuya Junta Directiva recibe asesoría de diferentes actores con experiencia a nivel nacional e internacional. Wájaro es una organización ecuménica y multidisciplinaria con fundamento cristiano.
Dada la amplia experiencia de sus fundadores, Wájaro es el resultado de años de trabajo, interacción y compromiso con comunidades de base – indígenas, campesinas y urbanas – en todo el continente americano.
La palabra “Wájaro”, que proviene de la lengua hablada por el grupo indígena amazónico conocido como Eduria, significa “vamos juntos” y expresa en gran parte lo que la Fundación busca hacer – caminar junto con grupos de personas y comunidades interesadas en trabajar por la paz y la justicia en regiones de Colombia que han enfrentado históricamente diversas conflictividades sociales.
El conflicto armado colombiano representa un fracaso. Un fracaso para los dos grupos guerrilleros de mayor relevancia en el país, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – FARC y el Ejército de Liberación Nacional – ELN, los cuales después de varias décadas de lucha armada no lograron tomar el poder estatal. Un fracaso para los grupos paramilitares, los cuales en 40 años cometiendo actos atroces, han tenido un bajo nivel de éxito en su propósito de derrotar militarmente a la guerrilla, convirtiéndose más bien en un ejército a sueldo dedicado al narcotráfico. Asimismo, el conflicto se constituye en un fracaso para el Estado colombiano el cual no ha sido capaz de derrotar militarmente a los grupos insurgentes ni los grupos de milicianos que han sido creados.
Y precisamente debido a este fracaso, el Gobierno ha hecho varios intentos de negociación que conlleve a la finalización del conflicto, aunque en la mayoría de los casos de manera inconclusa. Estos intentos de negociación muestran, de manera implícita, que el conflicto tiene raíces muy profundas que no pueden ser removidas a través de medios violentos: aspectos estructurales de exclusión política, un entramado estatal débil y corrupto, desigualdad en la propiedad de la tierra, además de un evidente manejo inadecuado del sector rural.
Luego de aproximadamente cuatro años de negociación, en noviembre de 2016, el Congreso de la República ratificó el acuerdo de paz con nuevas revisiones con respecto al documento inicial, señalando de manera oficial la terminación del conflicto entre el Estado colombiano y la guerrilla de las FARC. El contenido del acuerdo está ampliamente enfocado en 5 puntos principales: una reforma rural rigurosa, la participación política, la finalización del conflicto armado, el asunto de las drogas ilícitas y el proceso de las víctimas de este extenso periodo de guerra interna.
Aunque es importante mencionar que el Gobierno (2010-2018) hizo importantes esfuerzos para consolidar el proceso de paz enfrentando incluso una aguda tormenta política para poder formalizar el fin del conflicto con las FARC, se debe también reconocer que existen factores estructurales que históricamente han creado un ambiente que conduce a la violencia y al conflicto armado; así que más allá del acuerdo de paz que fue firmado, este reconocimiento es quizás el avance real hacia una Colombia más justa y pacífica.
Las condiciones de violencia que han sido producto del conflicto armado interno colombiano, el cual ha tenido lugar por más de 60 años afectando incluso países vecinos principalmente en zonas fronterizas, ha tenido un impacto directo y desproporcionado en la vida de los pueblos indígenas. Exacerbada por el tráfico de droga, grupos armados y compañías multinacionales en busca de los recursos naturales en sus territorios, ésta compleja situación humanitaria ha tenido como resultado el desplazamiento interno, marginación extrema y degradación ambiental en las comunidades indígenas. Dentro de los 1.5 millones de indígenas habitantes en Colombia, se estima que el 10% son víctimas de violaciones de los derechos humanos.
Hoy, en toda Colombia, hay una nueva esperanza debido al histórico acuerdo que fue firmado entre el Gobierno colombiano y el grupo guerrillero con mayores dimensiones del país, en el mes de Noviembre de 2016. Aunque la población indígena continúa sufriendo como resultado del proceso de guerra que solo puede ser mitigado por el curso del tiempo, la promesa de una Colombia sin guerra, crea inmensas posibilidades para la sanación y el fortalecimiento de las comunidades indígenas.