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Una de las singularidades de Colombia, radica en la existencia simultánea de una democracia aparentemente establecida y pluralista junto con un persistente y violento conflicto armado. Teniendo en cuenta lo anterior, es preciso mencionar que este doloroso conflicto ha afectado mayormente a los campesinos habitantes de la periferia rural, impactando marginalmente al centro económico y político del país. Así, el territorio pareciera estar segmentado, de una parte por centros urbanos modernos similares a los que se encuentran en otros países latinoamericanos con concentración del poder ejecutivo, el sistema judicial y los principales actores económicos, pero de otra parte, por la periferia rural en la cual el control territorial no es siempre ejercido por el gobierno, sino también por grupos armados ilegales. En ocasiones, en estas zonas, la ley es impuesta por la fuerza de las armas y pareciera que quienes imponen las condiciones son quienes incrementan su capacidad económica.
El conflicto armado colombiano representa un fracaso. Un fracaso para los dos grupos guerrilleros de mayor relevancia en el país, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – FARC y el Ejército de Liberación Nacional – ELN, los cuales después de varias décadas de lucha armada no lograron tomar el poder estatal. Un fracaso para los grupos paramilitares, los cuales en 40 años cometiendo actos atroces, han tenido un bajo nivel de éxito en su propósito de derrotar militarmente a la guerrilla, convirtiéndose más bien en un ejército a sueldo dedicado al narcotráfico. Asimismo, el conflicto se constituye en un fracaso para el Estado colombiano el cual no ha sido capaz de derrotar militarmente a los grupos insurgentes ni los grupos de milicianos que han sido creados.
Lamentablemente, el conflicto se ha convertido en parte de la cotidianidad colombiana. La violencia que se genera no está realmente enfocada en objetivos políticos que buscan el bienestar colectivo sino más bien en la consecución de objetivos particulares de personas o grupos armados. La extrema degradación que ha sufrido el conflicto colombiano se debe, sobre todo, al hecho de que no tiene un direccionamiento claro. Hay quienes le llaman un sistema de guerra, en parte económico, con una clara motivación en el dinero generado por el tráfico de droga, la explotación de recursos provenientes de actividades extractivas, además de los recursos provenientes de los programas anti-terrorismo y anti-narcóticos del Gobierno de EE.UU. En cierta medida, la guerra ha sido privatizada e institucionalizada en el sentido de que las acciones de los grupos armados, incluyendo el ejército colombiano no obedecen a una visión o a una lógica política sino que más bien están fundamentadas en las ansias de poder y la ambición.
Las mencionadas lógicas de degradación afectan las posibilidades de desarrollo a nivel económico, social y político, con incidencia nacional e internacional; no obstante a lo anterior, el mayor impacto, el más obvio y dramático se da en cada individuo, en las familias y en las comunidades las cuales tienen una directa por causa de la guerra. De acuerdo al Registro Nacional de Víctimas, el conflicto ha dejado como saldo más de 8.5 millones de víctimas, esta cifra corresponde a más del 17% de la población total del país.
Se considera que el conflicto ha persistido por más de medio siglo debido a decisiones y acciones de grupos insurgentes con tendencias de izquierda, en búsqueda de riqueza y control territorial. No es necesario tener un conocimiento histórico de mayor profundidad para comprender la lógica respuesta estatal hacia grupos que desafían el orden establecido; el curso de acción y la estrategia utilizada por el Gobierno colombiano, con muy pocas excepciones, ha sido enfrentar militarmente a los grupos rebeldes, esta ha sido la opción por décadas en búsqueda de deshacerse de las FARC; no obstante, tal como ya se ha mencionado, este camino ha sido un fracaso.
Y precisamente debido a este fracaso, el Gobierno ha hecho varios intentos de negociación que conlleve a la finalización del conflicto, aunque en la mayoría de los casos de manera inconclusa. Estos intentos de negociación muestran, de manera implícita, que el conflicto tiene raíces muy profundas que no pueden ser removidas a través de medios violentos: aspectos estructurales de exclusión política, un entramado estatal débil y corrupto, desigualdad en la propiedad de la tierra, además de un evidente manejo inadecuado del sector rural.
Luego de aproximadamente cuatro años de negociación, en noviembre de 2016, el Congreso de la República ratificó el acuerdo de paz con nuevas revisiones con respecto al documento inicial, señalando de manera oficial la terminación del conflicto entre el Estado colombiano y la guerrilla de las FARC. El contenido del acuerdo está ampliamente enfocado en 5 puntos principales: una reforma rural rigurosa, la participación política, la finalización del conflicto armado, el asunto de las drogas ilícitas y el proceso de las víctimas de este extenso periodo de guerra interna.
Aunque es importante mencionar que el Gobierno (2010-2018) hizo importantes esfuerzos para consolidar el proceso de paz enfrentando incluso una aguda tormenta política para poder formalizar el fin del conflicto con las FARC, se debe también reconocer que existen factores estructurales que históricamente han creado un ambiente que conduce a la violencia y al conflicto armado; así que más allá del acuerdo de paz que fue firmado, este reconocimiento es quizás el avance real hacia una Colombia más justa y pacífica.