La historia del pueblo indígena en Colombia ha estado enmarcada por la exclusión, el abuso y también por la resiliencia. Con la llegada de los españoles en el siglo XVI, las comunidades nativas fueron sometidas a masacres, torturas y terror. Después de la independencia colombiana en el siglo XIX, la discriminación hacia los indígenas continuó en nombre de la unidad nacional, el desarrollo económico, la imposición de la ley por encima de la igualdad además de la religión estatal oficial. Este proceso dio origen al Estado Colombiano moderno, pero tuvo un enorme costo para los pobladores de los territorios quienes fueron incorporados de manera forzada dentro del nuevo ordenamiento legal, institucional y jurídico.
Asimismo, las condiciones de violencia que han sido producto del conflicto armado interno colombiano, el cual ha tenido lugar por más de 60 años afectando incluso países vecinos principalmente en zonas fronterizas, ha tenido un impacto directo y desproporcionado en la vida de los pueblos indígenas. Exacerbada por el tráfico de droga, grupos armados y compañías multinacionales en busca de los recursos naturales en sus territorios, ésta compleja situación humanitaria ha tenido como resultado el desplazamiento interno, marginación extrema y degradación ambiental en las comunidades indígenas. Dentro de los 1.5 millones de indígenas habitantes en Colombia, se estima que el 10% son víctimas de violaciones de los derechos humanos.
No obstante a lo anterior, la Colombia de hoy es multiracial, pluricultural y con una amplia diversidad religiosa. De acuerdo a la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), 102 grupos indígenas han sobrevivido hasta nuestros días y representan el 3,4% de la población nacional (1.500.000 habitantes aproximadamente). Alrededor del 80% de estas comunidades indígenas vive en los departamentos de La Guajira, Cauca y Nariño. Por su parte, la región de la amazonía, aunque tiene una población relativamente escasa, cuenta con alrededor de 70 diferentes grupos de etnias indígenas.
A pesar de estos desafíos, en las últimas cuatro décadas, han habido considerables avances logrados por los pueblos indígenas. Durante las décadas de los años 70’s y 80’s, movimientos de lucha y resistencia indígena en toda América Latina permitieron aumentar su participación en procesos económicos y políticos. En los años 80’s, las políticas que incluían imposición a los pueblos indígenas fueron gradualmente abandonadas por el gobierno colombiano. En 1.989, fueron adoptados acuerdos internacionales los cuales enfatizaban y fortalecían aspectos relacionados a los derechos de participación de los indígenas en decisiones que afectan sus comunidades y territorios.
Posteriormente, en la nueva Constitución Política de 1.991, el Gobierno colombiano ratificó los citados acuerdos internacionales, reconociendo 83 grupos étnicos dentro del Estado – Nación y estableciendo para ellos derechos constitucionales sin precedentes, entre ellos nuevas libertades religiosas. Cada grupo indígena obtuvo el derecho de autonomía política y administrativa además del reconocimiento de su lengua o dialecto de manera oficial dentro de su territorio; asimismo el Senado de la República asignó dos curules de manera permanente para representantes de origen indígena. Como resultado de éste marco legal el cual presenta mayores garantías, organizaciones indígenas, movimientos sociales e iglesias que tienen posturas particulares y cuentan con una renovada auto confianza, han continuado emergiendo y creciendo.
Hoy, en toda Colombia, hay una nueva esperanza debido al histórico acuerdo que fue firmado entre el Gobierno colombiano y el grupo guerrillero con mayores dimensiones del país, en el mes de Noviembre de 2016. Aunque la población indígena continúa sufriendo como resultado del proceso de guerra que solo puede ser mitigado por el curso del tiempo, la promesa de una Colombia sin guerra, crea inmensas posibilidades para la sanación y el fortalecimiento de las comunidades indígenas.